Página 121 - LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL POR EMPRESAS PRIVADAS

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Control de la Administración y buenas prácticas en materia de consumo
1.
La visión de la empresa como complementaria de la ofrecida por las
administraciones y organizaciones encargadas de la defensa de los
derechos de consumidores y usuarios
La participación de Euskaltel en esta mesa redonda pretende dar una
visión complementaria a la dada por las Administraciones y Organizaciones
encargadas de la defensa de los consumidores y usuarios.
Resulta claro que las empresas no somos ONGs, ni fundaciones sin ánimo de
lucro, nuestra actividad está dirigida a obtener una rentabilidad económica sin
la cual ninguna empresa es capaz de perdurar en el tiempo.
No obstante, si una empresa semueve por criterios económicos cortoplacistas,
resulta claro que tampoco durará demasiado en el mercado. Las empresas
debemos aportar valor a la sociedad con nuestros productos, prestar servicios
que respondan a las necesidades de nuestros clientes y orientar nuestra
actividad a la satisfacción del cliente, como base de nuestro negocio.
Estas declaraciones las realizo en nombre de Euskaltel, pero me atrevo a
hacerlas extensivas al 90% de las empresas que operan en el mercado.
En el caso de una empresa como Euskaltel, cuya actividad principal se centra
en Euskadi, y la proximidad con el cliente es uno de los objetivos principales,
las buenas prácticas en materia de consumo deben inspirar claramente en
toda nuestra actividad ya que nos acercan al cliente.
Estas buenas prácticas en materia de consumo deben inspirar todo el proceso
que se sigue desde que se diseña un producto hasta que se comercializa.
Un producto bien definido y diseñado, acompañado de un contrato que
además de respetar la legalidad sea fácilmente comprensible, seguido de una
publicidad clara y veraz, sin duda van a influir en el número de reclamaciones
que a posteriori van a generar dichos productos.
En cualquier caso, las reclamaciones son también una nueva oportunidad
para revisar si todo el proceso ha sido correcto y de, en su caso, reorientarlo
respetando siempre la normativa en materia de consumo.
En definitiva, antes de ser necesaria la intervención de las administraciones
competentes en materia de consumo para controlar la actividad de las empresas,