El Ararteko recomienda aplicar la normativa sobre patrimonio documental para garantizar el acceso a información histórica de antepasados
Una ciudadana solicitó al Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa acceso a datos relativos a su bisabuelo, niño expósito acogido en una institución benéfica y nacido en el siglo XIX. Su primera petición, en 2023, fue denegada por no cumplir los requisitos previstos en la normativa sobre acceso a los orígenes biológicos. En una segunda solicitud, la interesada alegó un interés legítimo y se apoyó en un artículo de la derogada Ley de Atención y Protección a la Infancia. La administración volvió a denegar el acceso, esta vez mediante una comunicación sin forma de resolución ni indicación de recursos.
A raíz de la queja recibida, el Ararteko solicitó información a la Diputación anticipando los argumentos expuestos en una resolución dictada en un caso análogo. La Diputación reiteró que no concurrían novedades normativas o fácticas que justificaran un nuevo pronunciamiento y mantuvo que la normativa sobre acceso a los orígenes biológicos seguía sin resultar aplicable. Añadió que la nueva Ley 2/2024, aunque aún no en vigor en la fecha de la solicitud, confirmaría que este derecho corresponde únicamente a las personas adoptadas, no a sus descendientes.
En su resolución, el Ararteko considera que la solicitud debe analizarse conforme a un marco normativo distinto. Distingue entre el régimen de protección de datos y de acceso a los orígenes biológicos, por un lado, y el régimen general de acceso a documentos de valor histórico, por otro. Dado que la persona a la que se refiere la solicitud nació hace más de 140 años, puede presumirse su fallecimiento, y el valor histórico de los documentos conservados por la administración conduce a aplicar la normativa específica sobre patrimonio documental.
En este sentido, se alude a la Ley 5/2022, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de Euskadi, que establece que los documentos de titularidad pública con más de cincuenta años de antigüedad forman parte del patrimonio documental y deben conservarse y ser accesibles según lo previsto en dicha norma.
El derecho de acceso a esta documentación no exige acreditar un interés personal, no está condicionado a motivación alguna y solo puede restringirse en supuestos expresamente previstos, como la presencia de datos especialmente protegidos de personas fallecidas hace menos de 25 años o información clasificada, comercialmente sensible o que afecte a la intimidad.
En suma, la resolución señala que, cuando la documentación fue generada hace más de 140 años y se conserva en poder de una administración pública, debe estar sometida al régimen de conservación, gestión y acceso previsto en la normativa archivística.
Además, el Ararteko plantea que esta documentación, por su antigüedad, podría no corresponder ya al Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, sino que debería haber sido transferida al archivo histórico competente, cuya gestión y custodia recaería en el Departamento de Cultura, de acuerdo con el ciclo de vida documental previsto en la normativa foral. En este sentido, sugiere valorar la intervención de la Comisión Foral de Evaluación y Selección de Documentación para determinar si procede su conservación permanente o su eliminación, en función de su valor histórico.
Vitoria-Gasteiz, 20 de mayo de 2025