La función del Ararteko no consiste sólo en salvaguardar los derechos de la ciudadanía frente a las actuaciones incorrectas de las administraciones públicas, además de evaluar las políticas públicas que habitualmente se esconden tras dichas actuaciones incorrectas. Es también tarea del Ararteko conocer y dar a conocer los derechos humanos y los valores que los fundamentan en su máxima expresión, e impulsar una cultura de respeto de los mismos, promoviendo así su pleno disfrute por todas las personas, y su respeto y defensa por las autoridades públicas. Para poner en perspectiva y avanzar en la defensa de los derechos humanos en el País Vasco, resulta esencial mirar al exterior y realizar un estrecho seguimiento de las novedades normativas y jurisprudenciales, así como de las buenas prácticas de organismos nacionales e internacionales que comparten con el Ararteko la tarea fundamental de defender y promover los derechos humanos.
En ese contexto y con la finalidad de integrar la dimensión europea e internacional en el trabajo del Ararteko, se creó en 2018 la Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales. Esta Oficina tiene tres funciones fundamentales:
Invitamos a la ciudadanía a explorar la página web de la Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales y a usarla como punto de acceso a la información sobre el Derecho internacional de los derechos humanos.
Tus derechos fundamentales más importantes están protegidos también por tratados y por instituciones internacionales. Es lo que llamamos “derechos humanos”. De esta manera, el respeto por los bienes y valores más esenciales de las personas pasa a ser un asunto de interés para toda la comunidad internacional, y no solamente para cada país o para cada gobierno del mundo dentro de sus fronteras. Los derechos básicos de todas las personas son los mismos, y existen mecanismos para comprobar que se respeten en todas partes.
Derechos humanos universales
Los derechos humanos protegen los derechos de todas las personas. Uno de sus principios básicos es el de no discriminación. No importan el sexo, la edad, el color de piel, la etnia, la nacionalidad, la lengua, la discapacidad, la enfermedad, la orientación sexual, la identidad de género, las características sexuales, la religión o ideología, la propiedad o la posición socioeconómica: a todo el mundo le corresponden los derechos humanos por igual.
Los primeros tratados de derechos humanos que se hicieron, en los años 50 y 60, partieron de este principio de no discriminación. Sus autores pensaron que ese principio sería suficiente para proteger a todas las personas por igual. Sin embargo, el paso de las décadas demostró que ciertos grupos de personas tienen más dificultades para acceder a sus derechos o para ejercitarlos. Por eso, se concluyeron más tarde otros tratados que ya no son universales, puesto que solo se dirigen a personas con determinadas características o en determinadas condiciones, y que tratan de dar a esas personas una protección adicional y facilitar su acceso a los derechos universales.
Nuestro Estado, como el resto de Estados miembros de la UE, ha suscrito una serie de tratados internacionales que reconocen y consagran los derechos humanos, desarrollando su contenido y estableciendo garantías para su defensa y efectivo cumplimiento. Comprometerse a cumplir con un tratado internacional de derechos humanos no significa que los derechos se respeten automáticamente o que se cumplan por sí solos. Todas las autoridades públicas de un país, incluido el nuestro, tienen que actuar de manera conforme con los derechos humanos. No deben impedir ni entorpecer ellas mismas su libre ejercicio, deben proteger a las personas que quieren ejercer sus derechos frente a otras que pretendan impedírselo, y deben tomar las medidas necesarias para que la realización y el ejercicio efectivo de esos derechos sea posible. Estos deberes obligan a todas las autoridades públicas: al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial; a las autoridades estatales, autonómicas, forales y locales.
La internacionalización de los derechos humanos significa que el cumplimiento de los derechos no se deja en manos de cada país, confiando simplemente en que los protegerá dentro de sus fronteras de buena fe. Al contrario, se establecen instituciones y mecanismos que permiten a la comunidad internacional saber si cada país está cumpliendo o no con sus compromisos de derechos humanos, y que permiten a las personas denunciar los incumplimientos ante organismos internacionales.
