La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa exige a España abordar las desigualdades persistentes en los derechos sociales

El 10 de mayo de 2023, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, publicó el informe sobre la visita que realizó a España en noviembre de 2022. El informe incluye recomendaciones en materia de derechos sociales, en particular los derechos a la vivienda y a la sanidad, así como respecto a la libertad de expresión y reunión, y a los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

Cabe destacar que la visita de la comisaria se limitó a Madrid y Melilla. En opinión del Ararteko, sería deseable que el ámbito de análisis de estos informes se ampliara y diversificara territorialmente en próximas ocasiones, para, de esta manera, evitar sesgos territoriales y ofrecer una mirada más integral de la situación real de los derechos humanos en todo el territorio estatal, atendiendo a la diversidad de políticas públicas, y contextos sociales y normativos de las diferentes comunidades autónomas.

Por lo que respecta a sus apreciaciones relativas a los derechos sociales, la comisaria advierte de que “a pesar de los esfuerzos significativos de los últimos años para avanzar en la protección de los derechos sociales, las personas siguen sufriendo desigualdades en el ejercicio de sus derechos sociales en función de su lugar de residencia”. Por ello, pide la asignación transparente y sostenible de los recursos y la adopción de estándares comunes, en estrecha cooperación con las autoridades competentes a nivel central y local, y en consulta con la sociedad civil, para asegurar que se satisfagan las necesidades específicas de las personas más vulnerables.

El informe subraya la necesidad de abordar de forma urgente los problemas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el escaso parque de viviendas sociales, el elevado coste del alquiler o de la compra de una vivienda, los desahucios forzosos y el aumento del número de personas sin hogar. A este respecto, la comisaria apunta que el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos, y destaca la importancia de aprobar la ley de vivienda (a fecha de emisión de este informe, el proyecto Ley por el derecho a la vivienda está pendiente de tramitación en el Senado), al considerar que la propuesta plantea soluciones a estos problemas estructurales.

La comisaria destaca también las diferencias existentes en la atención sanitaria primaria y especializada a nivel autonómico, y el predominio de clínicas privadas en algunas comunidades. Al respecto, apunta a que urge la necesidad de fortalecer el acceso universal a servicios públicos de salud de calidad en todo el Estado. El informe toma nota de la inversión insuficiente en atención primaria y expresa su preocupación por las condiciones laborales del personal sanitario. Llama la atención sobre las elevadas tasas de mortalidad en los centros residenciales para personas mayores durante la crisis de COVID-19, y recomienda que futuras iniciativas para reformar el sistema de cuidados de las personas mayores deban basarse en una prestación integrada de asistencia social y sanitaria que garantice el pleno respeto de la dignidad, la autonomía y la independencia de las personas mayores.

La comisaria subraya, además, el impacto negativo grave que varias disposiciones de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y del Código Penal continúan teniendo en el disfrute de la libertad de expresión y de reunión, en particular para las personas defensoras de derechos y los periodistas. También expresa su preocupación por las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el uso inadecuado de armas antidisturbios y la falta de números de identificación claros y visibles, especialmente durante las manifestaciones. Ante ello, la comisaria urge a que se refuerce la rendición de cuentas y la supervisión general de las fuerzas del orden.

Finalmente, la comisaria acoge con satisfacción las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la protección y la acogida de las personas que huyen de la guerra de Ucrania, así como la mejora de las condiciones de acogida de las niñas y los niños migrantes no acompañados. No obstante, lamenta que el acceso a la protección sigue siendo muy difícil para muchas personas refugiadas y solicitantes de asilo, debido a los largos períodos de espera para acceder al procedimiento de asilo, los retrasos en la identificación de vulnerabilidades especiales y los obstáculos para acceder a los derechos sociales, incluida la vivienda y la salud. Además, subraya que no existe un acceso real y efectivo al asilo en la frontera entre Nador (Marruecos) y Melilla. La comisaria insta a las autoridades a que se aseguren de que las personas necesitadas de protección puedan acceder al territorio por vías legales y seguras, y hace hincapié en que la cooperación en materia de migración no debe contribuir directa o indirectamente a la violación de los derechos humanos de las personas.


Documentation associée

Informe España_Comisaria de DDHH del CdE 2022.pdf