Página 131 - LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL POR EMPRESAS PRIVADAS

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Control de la Administración y buenas prácticas en materia de consumo
c) Consulta de sus datos de cliente, que incluirán información sobre su
historial de facturación de, al menos, los últimos tres años.
d) Información de seguridad en el uso de Internet.
E. Contenido de la factura regulado, con derecho tanto a recibirla totalmente
desglosada como a no recibirla desglosada. Información de derechos
incluida en la factura de manera periódica
En relacióna la factura lasprevisiones legales sonmúltiples yespecialmente
complejas, e implican costosos desarrollos de los sistemas de facturación
de los operadores.
El cliente tiene derecho tanto a recibir facturas desglosadas como no
desglosadas.
El desglosede las facturas llega a unnivel dedetalle importante implicando
la separación por tipo de servicio, el detalle de la parte que corresponde
a comunicaciones electrónicas y la que no, apartados dedicados a los
servicios de tarificación adicional con desglose de los distintos tramos
de los que constan este tipo de servicios.
Adicionalmente, cada 6 meses es obligatorio incluir información en la
factura sobre los derechos de los usuarios, información que, por otra
parte, ya consta tanto en el contrato como en la página web.
En definitiva, para cumplir con la legalidad, la factura de los operadores
de telecomunicaciones tiene que tener un volumen de información
importante, que es muy superior a la de otros servicios y suministros
equivalentes, y que puede llegar a complicar su comprensión.
F. Precios máximos del roaming regulados
Mediante la promulgación de sucesivos Reglamentos la Unión Europea
ha regulado los precios máximos que pueden alcanzar las llamadas,
sms y conexiones de datos realizados por móviles en roaming dentro
del espacio económico europeo.
G. Mecanismos de resolución de conflictos específicos (SETSI)
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones cuentan con un
mecanismo específico para la resolución de los conflictos con los
operadores de telecomunicaciones. Dicho procedimiento se sustancia
por escrito, siendo posible la tramitación telemática de las reclamaciones
y permite reclamar tanto a particulares como a empresas.