“
La Administración Pública ha considerado suficiente-
mente articulada la participación de las personas en la
actuación administrativa mediante cauces como la infor-
mación, la audiencia, la petición, la propuesta. Incluso,
hay quien apunta que, herramientas como la descentrali-
zación y la desconcentración, clásicas de la gestión admi-
nistrativa, dan cauce a la participación en la medida que
la proximidad de los órganos decisorios a la ciudadanía
puede propiciarla; si bien, en la práctica, estos órganos se
corresponden mayoritariamente con órganos de atención
a las personas interesadas individualmente consideradas:
registro, información, posibilidad de solicitar según qué
trámites, etcétera.
Estas fórmulas, aun cuando se aproximan a la idea de to-
mar parte en la gestión de lo colectivo, se ven limitadas
por importantes restricciones formales que lo alejan de
una participación efectiva (en muchas ocasiones se limi-
tan a fases puntuales de procedimientos administrativos
singularizados restringidos a quienes acreditan un interés
directo en la actuación y cuando no es así suelen tratarse
como una formalidad que viene exigida por normas pun-
tuales, carentes de sistemática y de resonancia en la opi-
nión pública)
”
59
.
En el ámbito normativo,
el Gobierno Vasco carece de una
norma con rango de ley que reconozca y regule el dere-
cho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos
de Euskadi. Una situación que se replica en las diputa-
ciones forales y ayuntamientos
participantes en el estudio
y que han respondido al cuestionario. En cambio, tal y como
se detalla en el apartado de “revisión de portales” en el que
se hace un análisis individual de los portales de las entida-
des públicas invitadas a participar en el informe, algunas de
estas ya han comenzado a desarrollar un marco normativo
en el que se desarrolla, en mayor o menor medida, los su-
puestos, procesos y canales de participación ciudadana. Así
por ejemplo:
■
■
La Diputación Foral de Gipuzkoa cuenta con la
Norma
Foral 1/2010
,
de 8 de julio sobre participación ciudadana.
■
■
El Ayuntamiento de Bilbao cuenta con un
Reglamento de
Organización de los Distritos y de la Participación Ciuda-
dana
.
Al igual que el Ayuntamiento de
Amurrio
y
Vitoria-
Gasteiz
.
■
■
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha desarro-
llada también su
Norma Orgánica de Participación Ciu-
dadana
.
Esta realidad, si bien será abordada con mayor detalle en el
capítulo de recomendaciones, merece especial atención por
la proximidad de entes como los ayuntamientos a la ciuda-
danía. Estos tienen ante sí el reto de implicarse en la tarea de
mejorar los procedimientos e instrumentos de participación
de sus vecinos y vecinas a través de la aprobación de regla-
mentos que regulen la participación ciudadana.
59
Orientaciones para la elaboración de planes de gobierno por
los departamentos [título IV, pág. 35]:
http://www.lehendaka-
ritza.ejgv.euskadi.net/r48-coorcont/es/contenidos/informa-
cion/planificacion_gobierno_vasco/es_coordina/adjuntos/
manual_orientaciones_planificacion_borrador_definitivo.pdf
.
11.3.6. 
Competencias TIC en las
administraciones públicas
La incorporación de la participación como un principio que
ha de orientar la actividad pública no es algo novedoso, ni
tampoco algo que haya venido de la mano de Internet, o de
lo que se ha acordado en acuñar como e-participación. De
hecho, la propia Constitución Española de 1978 en su título
preliminar (artículo 9.2 29) y el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco (artículo 9.2) incorporan la participación de la ciu-
dadanía como uno de los principios básicos de la actuación
de la sociedad en las esferas social y pública.
La participación en la esfera pública exige que tanto las admi-
nistraciones como la ciudadanía compartan reglas del juego,
que entiendan lo mismo respecto al concepto de “participa-
ción”, y sobre todo la convergencia entre los que unos y otros
están dispuestos a exigir, dar y ofrecer, así como los modos
y maneras. Si a esto le añadimos el uso de herramientas TIC,
es necesario garantizar que en esas relaciones se den to-
das las condiciones necesarias respecto a infraestructura,
servicios, acceso a las tecnologías, etc. Hemos analizado en
capítulos anteriores el grado de empoderamiento digital de
la ciudadanía, las formas en las que interactúan con las ad-
ministraciones a través de Internet, sus percepciones, ¿pero
qué ocurre al otro lado de la “ventanilla”?
Este proceso de incorporación de las TIC a las administra-
ciones públicas con el fin de migrar hacia modelos abiertos
de gobernanza, de mayor transparencia, de establecimiento
de “conversaciones” con la ciudadanía, especialmente en la
labor de escuchar, requiere una nueva cultura en las admi-
nistraciones, una nueva organización, pero también nuevas
destrezas digitales. ¿Se está formando al personal de las
administraciones públicas en el uso de herramientas TIC?
¿
Qué tipo de competencias se están incluyendo en esas ac-
ciones formativas?
Con la intención de ahondar un poco más en ello, se planteó
a los entes locales participantes en el cuestionario de par-
ticipación ciudadana del Ararteko las siguientes preguntas:
E-
inclusión
y
participación
ciudadana
en
las
esferas
social
y
pública
a
través
de
las
TIC
en
E
uskadi
128
(
III). Las otras brechas digitales
III
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