LAS RESOLUCIONES (recomendaciones y sugerencias)
La Ley 3/1985, de 27 de febrero, crea y regula la institución del Ararteko. El artículo 11.b) de esta Ley recoge que dentro de sus funciones, el Ararteko puede “dirigir recomendaciones o recordar los deberes legales a los órganos competentes, a los funcionarios o a sus superiores para procurar corregir los actos ilegales o injustos o lograr una mejora de los servicios de la Administración”.
Por ello, cuando al examinar las quejas recibidas en el Ararteko, concluimos que la actuación administrativa no ha sido correcta, dirigimos una recomendación o una sugerencia a la administración afectada, solicitándole que modifique su actuación.
Hacemos uso de las recomendaciones ante situaciones en las que el Ararteko detecta ha habido:
- conculcación del ordenamiento jurídico (al infringirse una ley, obligación o principio),
- una irregularidad en sentido estricto
- o una omisión grave.
En todos estos casos, solicitamos a la administración afectada que revise su actuación.
Hacemos uso de las sugerencias, en los siguientes casos:
- cuando la administración afectada ha actuado legalmente, pero es necesaria otro tipo de actuación, al tenerse en cuenta la salvaguarda de derechos o la buena administración.
También se incluyen en este apartado las propuestas de cambio normativo. Se dirigen a una sola administración, cuando consideramos conveniente modificar una norma legal para proteger mejor los derechos de una persona que ha realizado una queja; va ligado a ese caso concreto.
Peticiones de información: sin tener que llegar a dictar recomendaciones o sugerencias.
En muchas ocasiones, el Ararteko solo envía a la administración correspondiente un escrito de petición de información sobre una actuación concreta. Cuando esa administración comprueba que su actuación no ha sido acorde con la legalidad, lo reconoce directamente
y repone a la persona reclamante el derecho conculcado.
RECOMENDACIONES GENERALES
El Ararteko realiza recomendaciones generales a una o varias administraciones vascas, cuando consideramos que el ejercicio de los derechos de un colectivo de la sociedad puede estar en riesgo, sobre todo, si hay signos evidentes de vulnerabilidad.
En este caso, el Ararteko hace una evaluación general de una política pública para la que plantea recomendaciones, pautas de actuación o buenas prácticas.