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Control de la Administración y buenas prácticas en materia de consumo
no versa estrictamente sobre el servicio sino sobre los terminales,
módems, decodificadores etc., de esta forma las posibilidades de tener
una reclamación también se multiplican.
D. Implicación de diversos operadores en un mismo servicio. En el
caso de los servicios de tarificación adicional, en cumplimiento de la
legislación vigente, el operador de acceso factura por servicios que
son prestados por otro operador, el operador prestador de servicios de
tarificación adicional. El coste de estos servicios unido a la deficiente
información con que frecuentemente se publicitan generan múltiples
reclamaciones que recaen sobre el operador de acceso a pesar de no
ser responsable del servicio de tarificación adicional.
5.
Legislación especialmente garantista para los derechos del usuario.
Normativa más relevante
Como consecuencia de la “conflictividad” del sector el legislador se ha
preocupado especialmente de garantizar los derechos de los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones.
De esta forma, el legislador se ha preocupado por desarrollar una legislación
sectorial especialmente garantista para los derechos del usuario. Es este
sentido la normativa más relevante es:
•
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Modificada recientemente por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de
marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados
interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones
electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de
las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los
sectores eléctrico y gasista.
•
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Llamado coloquialmente
“
Reglamento del servicio universal”. Modificado por el
or el que se modifica el
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de
los usuarios.
•
Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de
derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.
