Informe del Ararteko al Parlamento Vasco 2020

En 2020 la actividad de las instituciones - entre ellas el Ararteko- y de las administraciones públicas se vio afectada después de que en marzo la OMS elevara a pandemia la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 y se activaran todos los mecanismos legales y sanitarios para dar respuesta a dicha emergencia.

A consecuencia de esas decisiones que determinaron los confinamientos y el cierre de todas las actividades declaradas no esenciales han sido importantes y diversas las afectaciones o limitaciones de los derechos de la ciudadanía con vistas a la protección de la salud individual y comunitaria. Y el Ararteko ha podido conocer de cerca algunas de las dificultades a las que han debido de hacer frente tanto la ciudadanía como las propias administraciones vascas.

Éstos son algunos datos de la actividad del Ararteko en 2020.

A lo largo de 2020 se han llevado a cabo un total de 9.826 actuaciones, de las cuales 6.437 corresponden a quejas y consultas y 30 a expedientes de oficio (destacan, por áreas, los correspondientes a inclusión social, la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, medio ambiente y seguridad).

Se aprecia una disminución de las quejas y consultas presenciales, debido al cierre de las oficinas de atención ciudadana durante el periodo de confinamiento. Aun cuando hemos mantenido de forma permanente la atención telefónica, incluso durante esa etapa de confinamiento, también ha disminuido el número de consultas telefónicas. Por el contrario, se han incrementado la apertura de expedientes de oficio y el número de recomendaciones generales emitidas

Se han realizado un total de 7.064 servicios en las oficinas de atención ciudadana. De ellos, 3.882 han sido las quejas y consultas presentadas presencialmente en alguna de las tres oficinas, y más de 3.182 han consistido en asesoramiento e información a través del servicio telefónico.

En 2020 hemos celebrado 52 reuniones con organizaciones sociales y 49 con diferentes administraciones: departamentos y direcciones del Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y otras entidades. También hemos participado en 87 actos y jornadas promovidos por administraciones, organizaciones sociales y defensorías a nivel estatal o autonómico y en otras 20 de dimensión internacional.

Precisamente debido a las medidas adoptadas para la contención de la pandemia nos ha resultado imposible realizar las visitas de inspección que en años anteriores venían realizándose a recursos residenciales para menores de diverso tipo, a comisarías de la Ertzaintza y Policía local, entre otras.

Durante el año 2020 se han registrado un total de 2.525 quejas escritas, se han resuelto 2.061 expedientes de queja y se han dictado 1.432 resoluciones. En el resto de los casos, se trata de inadmisiones sobrevenidas (duplicidad con otros defensores, cuestiones pendientes de resolución judicial o con sentencia firme, inicio de vía judicial, etc.). La duración media de los procedimientos de queja ha sido de 46 días.

Analizando esos expedientes de queja, en cerca del 43% existía alguna actuación incorrecta de la administración afectada, un porcentaje inferior al del año anterior 49%). La administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el 82% de los supuestos. En la mayoría de los casos no ha sido necesario dictar una recomendación formal por parte del Ararteko.

En función del área temática a la que se refieren las quejas, observamos que se han incrementado ligeramente las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social: 497 (frente a las 468 de 2019). De estos expedientes de queja, cerca del 88% se refieren a problemas diversos relacionados con el funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Casi el 43% de los expedientes de queja tramitados tienen relación con derechos sociales (salud, inclusión social, vivienda, educación, etc.)

También las quejas referidas a los colectivos de atención pública suponen un número importante. Muchos de esos expedientes (incluyendo los del área de inclusión social) guardan relación con las políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio de ese derecho a mujeres, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas LGTB, inmigrantes, personas gitanas, etc.

Atendiendo a la proporción de los expedientes tramitados que afectan a cada una de las administraciones, al igual que en años anteriores, el Gobierno Vasco ha sido la administración contra la que más reclamaciones escritas se han dirigido en 2020 (casi un 54%) y se mantienen sin grandes variaciones las referidas a actuaciones de los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma (35%). Cerca del 10% han afectado a las diputaciones forales.

Hemos emitido seis Recomendaciones Generales y hemos puesto en marcha 4 estudios e informes, que terminarán de materializarse en los próximos meses, sobre materias como la discriminación, la atención a jóvenes extranjeros sin acompañamiento familiar en Euskadi, el impacto de la COVID-19 en las residencias de personas mayores o la administración electrónica y los derechos de la ciudadanía.

La Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales, en colaboración con la Oficina de la Infancia y la Adolescencia y el Área de Personas Extranjeras del Ararteko, finalizó el informe que estaba realizando sobre servicios para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Ha sido, también, relevante la participación de ambas oficinas en el grupo de trabajo de la Red Europea de Defensores de los Niños y las Niñas sobre evaluación de impacto en los derechos de la infancia.

OFICINA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Los niños, niñas y adolescentes no han sido ajenos a las consecuencias de la aplicación de las medidas impuestas para intentar frenar la propagación del virus. Además del confinamiento total, la brecha educativa, los conflictos familiares o la pérdida de trabajo de sus progenitores han incidido en un porcentaje aún por cuantificar de niños y niñas, ya que algunos de estos efectos sólo los podremos observar a medio y largo plazo. El impacto, en todo caso, suele ser mayor en aquellos que parten de una situación de mayor vulnerabilidad al inicio de la crisis.

En 2020, los expedientes de queja en los que, de manera expresa, se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes han sido 502 (un 19,8% del total de los presentados).

Los asuntos relacionados con las condiciones materiales en las que transcurre la vida de los niños y niñas y con el sistema educativo suponen el 72,1% de las reclamaciones. El resto se refieren a cuestiones relativas a las políticas de apoyo a las familias, los servicios sociales para la infancia en situación de desprotección, el sistema de salud y al deporte escolar, principalmente.

Vitoria-Gasteiz, 30 de marzo de 2021