Lo que la CORA oculta
11.770. Este es el número de reclamaciones o quejas que recibió el año pasado el Ararteko, la Defensoría del Pueblo del País Vasco. Cada una de las demandas ha sido atendida y analizada, y se le ha dado una respuesta, bien oralmente bien por escrito. Cuando la queja cumplía una serie de requisitos se ha abierto un expediente de queja y ha seguido un procedimiento que ha culminado con una resolución. Han sido 3.012 los expedientes de queja tramitados. El pasado viernes se hacía público el informe sobre la reforma de las administraciones públicas elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) constituida en el seno del Gobierno Central. Dicho informe recomienda la supresión de las defensorías autonómicas. Al leer la fundamentación de la propuesta, me he quedado estupefacto por la falta de rigor de la misma. Además, el informe oculta información clave que la ciudadanía vasca tiene derecho a conocer. De entrada, sorprende la inclusión de las defensorías en un informe sobre administraciones públicas, cuando sus autores saben perfectamente que no somos administración sino organismos creados por los Parlamentos autonómicos, de los que dependemos y a los que debemos dar cuenta de nuestras actuaciones. Nuestra tarea es, justamente, controlar a las administraciones vascas para defender los derechos ciudadanos. También nos corresponde impulsar las actuaciones y políticas públicas de aquéllas para que esos derechos estén debidamente protegidos y para materializar la igualdad real y efectiva de todas las personas. Pues bien, el informe de la CORA propugna que la defensora del pueblo de España, Soledad Becerril, controle, como única ombudsman de España, las actividades de las administraciones vascas, cargándose los fundamentos del Estado de las Autonomías.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
La ciudadanía debe saber que si tal cosa ocurriera sería un caso único en el mundo. En todos los Estados federales o autonómicos en los que se ha acordado crear la figura del defensor del pueblo u ombudsman los estados federados o las regiones cuentan con defensoría autonómica. Así ocurre, por ejemplo, en Austria, Bélgica, Italia, Gran Bretaña, Argentina o México. Es más, en Italia no existe defensoría italiana; sólo las regiones la tienen. La necesidad de las defensorías de las CCAA o de los estados federados está sólidamente fundamentada: la mayoría de las quejas se refieren a temas relacionados con servicios o prestaciones sociales, que los gestionan dichos entes territoriales. Además, debemos mencionar los principios de proximidad y de subsidiaridad, muy arraigados en la Unión Europea. El informe CORA podría proponer que fuese el defensor del pueblo europeo el que ejerciese la función de ombudsman para los ciudadanos y ciudadanas españoles. Pero no lo hace, con buen criterio, puesto que esa defensoría es competente para atender sólo las quejas relativas a las instituciones europeas. La Defensoría del Pueblo de España, debería, por tanto, limitarse a las quejas sobre la Administración del Estado. La ciudadanía debe saber, en cualquier caso, que no existen duplicidades entre la defensoría española y las autonómicas porque existe una ley de coordinación.
El informe CORA ignora información que resulta fundamental para no faltar al rigor. Por ejemplo, que cada defensoría tiene sus especificidades; que no existen criterios comunes entre las defensorías para determinar de manera homogénea lo que es una queja o una resolución; que las defensorías hacemos bastante más que tramitar quejas porque el ordenamiento jurídico así nos lo exige; que algunas defensorías como el Ararteko estamos llevando a cabo una labor de mediación social y de impulso de las políticas públicas muy exitosa, etc. Las propuestas del informe CORA se fundamentan en la idea del ahorro, es decir de la reducción del gasto. Pero no vale con recortar por recortar porque esa lógica nos llevaría al vaciamiento del sector público y de los servicios públicos. Si se suprimen defensorías se eliminan servicios a la ciudadanía. La CORA dice que con un aumento de su presupuesto la Defensoría del Pueblo de España podría tramitar todas las quejas. ¿Y qué pasaría con el resto del trabajo que realizamos? ¿Y quién atendería a las 7.001 personas que pasaron por las oficinas del Ararteko? Llama la atención, además, que, teniendo la Administración del Estado mayor déficit presupuestario que las CCAA, la CORA quiera aumentar el gasto de la defensoría de España.
Con todo, la institución del Ararteko no está en peligro. Está recogida en el Estatuto de Autonomía y el Parlamento Vasco quiere que siga funcionando. Desde mi perspectiva de ex profesor de Derecho Constitucional siempre he defendido su necesidad y seguiré haciéndolo cuando deje de ser ararteko dentro de año y medio. La Defensoría del Pueblo de Euskadi está ejerciendo una función importante, con altos niveles de eficacia y eficiencia, para ayudar a la ciudadanía, para garantizar el derecho a una buena administración y para una mejor protección de los derechos humanos. Hay quien pretende, cada vez con menos disimulo, reformar el Estado de las Autonomías sin utilizar los procedimientos constitucionales. Y sin dar voz a la ciudadanía, que es la que tiene que decidir qué servicios públicos y qué instituciones quiere mantener con sus impuestos.
Iñigo Lamarca Iturbe
Ararteko