25 de noviembre: Día internacional de la lucha contra la violencia de género
El ararteko pide a los poderes públicos una respuesta planificada y una atención integral ajustada a las necesidades y a la gravedad del problema
La violencia contra las mujeres no conoce fronteras geográficas, culturales o económicas. Ocurre en tiempos de paz y durante los conflictos armados, en el hogar, en el lugar de trabajo y en la calle. Obstaculiza nuestro avance hacia la igualdad, el desarrollo, la paz y los derechos humanos para todas las personas..
En nuestra sociedad constituye una de las vulneraciones de derechos humanos más graves, frecuentes e impunes. La lucha contra esa situación injusta es responsabilidad de toda la ciudadanía, pero debe ser liderada y articulada por los poderes públicos, sobre quienes pesa la obligación directa de proteger los derechos a la vida y a la libertad de todas las personas.
Aunque las instituciones han modificado su discurso para rechazar de modo contundente la violencia contra las mujeres y han comenzado a prestar atención a las afectadas, lo cierto es que todavía no han asumido, suficientemente, el carácter estructural de la violencia de género, ni abordan sus graves consecuencias.
Partiendo de esas constataciones -y de la preocupación que generan- la institución del Ararteko elaboró, hace un año, un informe monográfico sobre la Respuesta institucional a la violencia contra las mujeres en la CAPV.
Tras el análisis de la situación, lo que se ha pretendido es exigir a las distintas administraciones la puesta en marcha de políticas serias, eficaces y coherentes con la gravedad del problema, ya que la actuación de las instituciones nunca será suficiente si no promueven un cambio de actitudes y de comportamientos culturalmente muy arraigados. Se trata, en definitiva, de exigir el cumplimiento, por parte de los poderes públicos, de su deber de prevenir y, en su caso, atender a las necesidades de las mujeres que han visto vulnerado su derecho a la integridad física o moral, a la libertad, y en muchos casos, a la vida.
Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2004