JORNADA DE TRABAJO DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO SOBRE LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN EFICAZ DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN UN ENTORNO DE CRISIS ECONÓMICA



Oviedo

· El Ararteko recuerda que los poderes públicos deben hacer uso del máximo de los recursos disponibles para garantizar la realización efectiva del derecho humano a la vivienda para todas las personas.

· El Ararteko recomienda al Gobierno Vasco que fortalezca el Servicio de Ayuda al Sobreendeudamiento Familiar y, en concreto, el Servicio de Mediación Hipotecaria. Es preciso ofrecer el máximo apoyo material y acompañamiento humano a las familias que sufren los efectos del sobreendeudamiento. Dicha asistencia debe ser integral y estar dirigida a prevenir y evitar, en la medida de lo posible, la ejecución de los bienes hipotecados.

· El Ararteko considera que es preciso modificar la legislación estatal para establecer un procedimiento obligatorio de mediación hipotecaria, generalizar la dación en pago como cláusula de asunción de responsabilidad en los contratos de préstamo hipotecario, y permitir que el juez pueda suspender la ejecución forzosa hasta que haya podido analizar el fondo del asunto, comprobando si el contrato de préstamo contiene alguna cláusula abusiva para el consumidor.

El ararteko Iñigo Lamarca participa hoy en Oviedo en una jornada de trabajo organizada por la Procuradoría General (Defensoría) de Asturias sobre "las medidas para la protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda en un entorno de crisis económica". En este encuentro, en el que participan todas las defensorías existentes en España, el ararteko Iñigo Lamarca ha expuesto una ponencia titulada "Los desahucios: un acuciante problema social que precisa de un enfoque de derechos humanos".

El derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente protegido y es, también, un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), declaración y pacto que son de obligada aplicación en España. Con el fin de que el derecho a la vivienda esté debidamente garantizado, es necesario aprobar una Ley de Vivienda que garantice la exigibilidad de dicho derecho ante los tribunales de justicia.

Las viviendas que han sido adquiridas en los procesos de ejecución hipotecaria por aquellos bancos que han recibido ayudas públicas deberían pasar a formar parte, en un porcentaje significativo, de un Parque Público de Viviendas que se gestionase en régimen de alquiler para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y familias necesitadas. Esta medida debería ser especialmente exigible en relación con el recién constituido Sareb o "banco malo".


Oviedo, 14 de diciembre de 2012

 
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